Redacción:Noelia Pinto Cervero-LaTribunaMadridista
El Nuevo Bernabéu sufrió el pasado miércoles un revés judicial al rechazar el Juzgado número 14 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid los recursos interpuestos por el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid por la suspensión cautelar de la ampliación del estadio. Por tanto, el futuro del nuevo Bernabéu pasa ahora por el dictamen de la Comisión Europea sobre el expediente abierto al club por las posibles ayudas públicas recibidas. Todo depende de esa sentencia que Bruselas debería haber resuelto el pasado mes de julio, pero los cambios efectuados en la UE han demorado esta resolución. Precisamente, el TSJM suspendió cautelarmente el pasado 31 de julio la Modificación Puntual del Plan General de Madrid que permite la remodelación del Bernabéu tras un recurso presentado por Ecologistas en Acción.
Este mismo tribunal tumbó en 2013 el recurso de un particular (un profesor de la UAM) porque “el ciudadano no estaba legalmente habilitado para presentarlo”. Por eso, el Madrid presentó el proyecto el pasado 31 de enero de forma oficial para haber iniciado las obras este mismo verano. Una reforma presupuestada en 400 millones de euros con una duración de tres años, pero el club tenía problemas para encontrar vías de financiación. Para llevar a cabo esta reforma arquitectónica, el Ayuntamiento aprobó una Modificación Puntual del Plan General de Urbanismo en julio de 2012 gracias al convenio que suscribió con la entidad madridista en julio de 2011. Este citado convenio permitió saldar una deuda del Ayuntamiento con el Madrid, de 1998, por la que el club blanco devolvió al consistorio una parcela en Las Tablas (valorada en el balance blanco de 2009-10 en 488.000 euros y revalorizada en 2011 en 22,7 millones) a cambio de varias parcelas edificables, un solar en Valdebebas, la propiedad de la franja que rodea al estadio y la liquidación de otra deuda de 1991, en la que el Madrid debió construir un párking público y no lo hizo. Ahora, en base al informe de la Comisión Europea (CE), la Justicia Española sigue cubriéndose las espaldas y supedita la autorización del proyecto a la resolución de la Comisión Europea.